Las pensiones en España crecerán un 2,4% en 2009, según se supo el viernes al conocerse el dato de la inflación (el aumento del IPC) interanual de noviembre al que está referenciado lo que cobran los jubilados. El sueldo de buena parte de los españoles que tienen la suerte de conservar el trabajo subirá ese mismo porcentaje o puede que menos, ya que es probable que la inflación interanual de diciembre (que será la definitiva de 2008) baje aún más.

Sin embargo, los responsables políticos de todos los colores que viajan en coche oficial volverán el año que viene a subir las tarifas de transporte público el doble, el triple y hasta cinco veces la inflación en muchas ciudades de España, según se puede comprobar rastreando las informaciones al respecto en internet. Por ejemplo, las tarifas del autobús de Palma de Mallorca aumentarán de media un 13,6% (41% en algunos casos); el bonobús en Valencia subirá un 6,2% y el bono oro de 17 a 20 euros, mientras el billete sencillo del metro costará un 12% más y el conjunto de billetes y bonos un 5,74% más; en A Coruña, el aumento es del 6% para el autobús (hasta 1,06 euros el billete sencillo, con un curioso desredondeo de la cifra que dificultará el cambio) y del 8,8% para el taxi; en Elche (Alicante) también sube el autobús un 6% y en Toledo, un 5,5%, que parece poco comparado con el resto pero es más del doble de la inflación.

Algunas administraciones incluso han adelantado la subida y han hecho varias en el año, como el Ayuntamiento de Murcia que subió el billete de autobús el mes pasado un 17,64% (15 céntimos) tras haberlo aumentado 10 céntimos antes del verano.

En Madrid, el taxi cuesta un 6,05% más desde el 9 de noviembre y viajar en metro costará de media en torno al 4% más a partir de enero, subida que se suma al 3,27% del aumento que se aplicó en agosto.

El IPC del transporte público

El Ayuntamiento de Zaragoza sí vincula el aumento de precios del autobús y el taxi de cada año a la evolución del IPC, pero en lugar del IPC general lo hace al IPC del transporte urbano, con lo que los vecinos de la capital maña acaban pagando los excesos del resto de alcaldes de toda España. El aumento este año será allí del 5,3%.

Y es que resulta paradójico que mientras los políticos que viajan en coche oficial recomiendan moderación salarial (a quien tenga la suerte de seguir trabajando) y celebran la caída de la inflación, son ellos mismo los más inflacionistas, a tener de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el detalle del IPC de noviembre publicado por el INE (ver hoja 2 del documento excel), el IPC del transporte ha bajado un 1,5% en el último año coincidiendo con el desplome del precio del petróleo, mientras el del transporte público urbano ha subido un 5,5% y el del transporte público interurbano nada menos que un 11%.

En la tabla se puede apreciar que lo más inflacionista de los últimos 12 meses ha sido el transporte público interurbano con el mencionado 11%, seguido de la calefacción, alumbrado y distribución de agua cuyos precios regulados por distintas Administraciones subieron un 9,1%. En séptimo y décimo lugar de un total de 57 grupos de productos o servicios se encuentran, respectivamente, la educación universitaria (en parte también con precios regulados) con un 6% de aumento y el transporte público urbano con el 5,5%.

A todo ello hay que añadir en este año especialmente difícil la nueva subida de la luz que el Gobierno ha anunciado para enero, un 3,5%, después de haber subido un 9,8% este año y con la advertencia de que en 2009 habrá más incrementos.

He aquí tres testimonios de pequeños empresarios que he ido recogiendo en los últimos días:

“Me están pidiendo cosas que no había oído en mi vida como darme una póliza de crédito de 120.000 euros pero con pignoración de 20.000 euros, es decir, que en realidad te dan 100.000 euros. Me están rebajando los límites de la póliza de 120.000 a 60.000 euros y dicen que me dan un préstamo con vencimiento sólo en el plazo en el que yo creo que habré vendido la mercancía. Y hay otros que en vez de darte el euríbor +1,5 puntos, que es lo que habitualmente dan de media, me dan el euríbor+2,5 para que no lo contrate con ellos porque no quieren riesgo”.

“Los bancos y cajas no dan a las PYMES líneas de crédito para descuentos de efectos aunque sea de un buen cliente. No les dan préstamos ni con avales, a pesar de que a ellos se les ha concedido por parte del Gobierno todo lo que han querido. Están provocando la asfixia de muchas empresas que se han quedado sin efectivo para hacer frente a sus pagos mensuales”.

“He pedido en mi caja 40.000 euros del ICO para acondicionar un nuevo espacio en la oficina y me han dicho que me los dan ¡con una pignoración de 40.000 euros!”.

Una pignoración, para quien no lo sepa, supone depositar en el banco una cantidad de dinero como garantía de lo que te prestan. Los bancos la están pidiendo porque ya no se fían de las garantías inmobiliarias. “Te presto dinero si me garantizas la devolución de dinero en efectivo”, vienen a decir. También valen acciones cotizadas en Bolsa, pero prestan el 50% de su valor actual. He aquí un ejemplo.

Ganan más con menos negocio

La estrategia de los bancos y cajas es no prestar nada o casi nada salvo que se garantice al 100% la devolución en efectivo. La merma de negocio que van a sufrir al firmar menos créditos la compensan con diferenciales de interés más altos en un momento en el que los tipos van a la baja, con lo que se llevan buena parte del beneficio de las rebajas del precio oficial del dinero, la última de 0,75 puntos hace pocos días.

Esta actitud la ha constatado el Banco de España en un informe y el vicepresidente Solbes ha tenido que reclamar públicamente a las entidades que hagan circular el dinero. También el consejero valenciano de Economía, Gerardo Camps, se quejó días atrás de la actitud de los bancos y las cajas tras no agotarse una línea de financiación de la Generalitat Valenciana de 100 millones de euros. Y no porque las empresas no lo pidieran. Según una empresaria valenciana que fue a pedir dinero de esa línea a su oficina, el director la disuadió diciéndole: “tocan 20.000 euros para toda la oficina y, hombre, si quieres lo pedimos pero no nos lo van a dar…”.

Cabe recordar, por último, otro hecho que evidencia que el interés de los gobiernos por inyectar liquidez en la economía es bastante mayor que el de los bancos y cajas. A la primera subasta del fondo para la compra de activos bancarios con el fin de otorgarles liquidez sólo acudieron 28 entidades y se ajudicaron 2.115 de los 5.000 millones de euros ofertados.

Parece claro que el principio del fin de la crisis pasa por que el dinero circule y las empresas puedan seguir comprando y vendiendo a crédito. Los bancos tienen ahí una responsabilidad, y las cajas, tan dirigidas por el poder político autonómico cuando las necesitan para operaciones económicas de gran calado, quizás deberían recibir un toque en ese sentido.

Con un mensaje siempre optimista y de respaldo (en público, en privado habrá matices) a la política económica del Gobierno, sea del color que sea, a Botín le gusta ser el primero en todo, ya sea eliminar comisiones, lanzar productos agresivos, vender activos o comprar bancos. Muchas de sus ideas son con frecuencia copiadas por el resto.

Sorprendente ampliación

Su último desafío ha sido la ampliación de capital de 7.200 millones de euros (aumenta un 25% el número de acciones) anunciada el 10 de noviembre, el mismo día que se reunía con Zapatero, Solbes y los presidentes del BBVA, La Caixa y Caja Madrid (como se ve en la foto, Botín se sentó al lado del presidente del Gobierno).

Después de criticar a los banqueros por la crisis y a los reguladores por “deificar a los consejeros independientes” y de advertir sobre la posible competencia desleal que pueden causar las ayudas públicas a los bancos (lo mismo que opina el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia), Botín pidió una vuelta “a los fundamentos de la banca”. Ahora predica con el ejemplo y solicita el dinero que necesita para reforzar su solvencia a quien se lo debía pedir según el sentido común capitalista, a sus accionistas. En Estados Unidos, en lugar de rascarse el bolsillo, los accionistas de algunos bancos ayudados por el Gobierno están ahora cobrando dividendos.

La ampliación de capital fue contestada con indignación por el BBVA, el otro gran banco español, que se vio arrastrado a la baja en Bolsa al considerar los inversores que esta entidad tendría que hacer lo mismo. El BBVA lo negó en un comunicado muy crítico con el Santander, pero el banco de Botín ni siquiera respondió. Muchos analistas creen que más de un banco tendrá que seguir los pasos del Santander pero con menos inversores disponibles.

A contracorriente

Emilio Botín no deja de sorprender ni cuando las cosas van mal. La ampliación no es el primer golpe de efecto en esta crisis, puesto que desde el verano el Santander ha comprado a precio de saldo los bancos británicos Alliance & Leicester (A&L) y Bradford & Bingley (B&B) y el estadounidense Sovereign Banken, todo ello en plena escasez de liquidez de toda la banca mundial y después de haber comprado el año pasado parte del gigante ABN Amro. Si los bancos no tenían dinero, ¿de dónde lo saca el Santander para comprar tantas entidades? Pues si hace falta, de los accionistas, como se ha visto.

Otras veces financia las compras con pelotazos como el que dio hace un año al vender la entidad italiana Antonveneta sólo tres semanas después de haberla comprado, logrando una plusvalía de 2.400 millones de euros. ¿Se puede ganar más en menos tiempo? O con la venta de todos sus inmuebles (red de oficinas y la ciudad financiera de Boadilla del Monte, Madrid) para vivir de alquiler, que además desgrava, y conseguir así unas plusvalías de 1.681 millones cuando el ladrillo aún se vendía bien.

Cumplidos ya los 74 años y con más de medio siglo de banquero, Emilio Botín siempre juega a ganar. La Bolsa castigó la semana pasada al banco (su valor cayó un 30% en cuatro días) por la ampliación de capital, a pesar de que la gran mayoría de los analistas recomiendan suscribirla (comprar acciones nuevas) porque a medio plazo será rentable. Y lo será, lógicamente, ya que la inyección de 7.200 millones de euros que va a recibir de los inversores a finales de esta semana sitúa al Santander con ventaja sobre sus competidores, que están financiándose con préstamos que luego hay que devolver. Veremos si alguno le sigue, pero Botín ya ha vuelto a dar primero, que es como dar dos veces.

Leído en la prensa:

• El PP gallego denuncia que el presidente y el vicepresidente de la Xunta tienen 93 asesores, además de los de las consejerías (PDF, página 16).
• El PSOE denuncia que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tiene 35 asesores (Cadena SER).
• El PSOE denuncia que en el Ayuntamiento de Málaga hay más de 90 cargos de confianza; en el de Marbella, 27; en Velez-Málaga son 35, y en Torremolinos, una veintena. Solo estos últimos cuestan a los contribuyentes unos 900.000 euros (El País).

Si en sólo seis administraciones ya suman 300, ¿cuántos asesores hay en España? ¿A cuántos miles de cargos de confianza pagamos el sueldo los españoles siendo su único mérito el de ser amigo de? Porque no sólo están los asesores de quienes mandan, ya que a los partidos de la oposición se les tapa la boca con su cupo proporcional de cargos de confianza, con lo que un ayuntamiento mediano como el de Jerez de la Frontera tiene 27 asesores. Otros datos recogidos de los periódicos: Gobierno de Murcia, 114 asesores (La Verdad de Murcia); Diputación de Almería, 70; Ayuntamiento de Chiclana, 29…

Zapatero, acusado por el PP de tener él solito 664 asesores (en realidad sumaron todo el personal a su cargo, incluidos los funcionarios) tiene 192 eventuales, según se desprende de la respuesta que dio el Gobierno a esa acusación.

Lo cierto es que con 8.000 municipios, medio centenar de diputaciones y cabildos insulares, 17 comunidades autónomas con sus correspondientes parlamentos, el Congreso, el Senado y el Gobierno central, el número de cargos de confianza en España es difícil de calcular, aunque no imposible, puesto que en la mayoría de los casos el puesto eventual figura con su sueldo correspondiente en los presupuestos de cada administración. Así, se puede calcular que en las 17 comunidades autónomas superarán los 5.000 asesores (a una prudente media de 300, entre gobiernos y parlamentos), y en las diputaciones, otros tantos. Lo de los ayuntamientos es más complicado de calcular porque no todos serán como el de Chiclana, pero seguro que de 10.000 no bajan. Por tanto, se puede decir tirando por lo bajo que más de 20.000 personas en España han sido colocadas legalmente a dedo como asesores y cobran un sueldo público de entre 35.000 y 60.000 euros anuales.

¿Qué hace un asesor?

Pese a la cantidad de cargos de confianza y lo repartidos que están, se trata de una figura poco conocida en España. El asesor o asesora es un señor o señora contratado por un cargo público sin que medie concurso de méritos, para desempeñar un trabajo temporal que consiste en ayudar a ese alcalde, diputado, consejero o un simple director general a desarrollar su labor. Puede ser (en algunos sitios suele ser) un hermano o primo de un político o un sobrino del amigo o el hijo del constructor que financia al partido de turno. No hay límites ni incompatibilidades establecidas en ese sentido, puesto que se trata de un cargo de confianza y quién hay más de confianza que un hermano (recuérdese el caso de Juan Guerra, hermano de que fue vicepresidente).

Tampoco parece haber límites en el número de asesores, por lo que si un presidente de diputación considera que necesita 35, pues como si llama a 90 familiares y amigos. Es legal y puede hacerlo mientras se lo permitan el presupuesto y sus votantes. Ni en su duración. La concejal tránsfuga que dio el Ayuntamiento de Benidorm a Eduardo Zaplana, que había perdido las elecciones en 1991, lleva de asesora municipal desde que dejó de ser concejal en 1995. Y afirma, claro, que no se arrepiente de lo que hizo.

Respecto a la jornada y tareas de los asesores, las establece y controla quien los nombra, por lo que muchas veces tienen una flexibilidad horaria que les permite pasarse por el bar con más frecuencia que cualquier trabajador. Lo cual no quiere decir que todos ni siquiera la mayoría sean unos paniaguados, gandules y vividores a costa del erario. La mayoría trabajan mucho, sobre todo cuando el gandul es su jefe. Muchos diputados, por ejemplo, tienen asesores que atienden a los ciudadanos y les redactan preguntas parlamentarias mientras ellos están en otras ocupaciones de interés nacional, como participar en tertulias de radio y televisión y cobrar un sobresueldo por ello.

Pese a todo, la reducción del número de asesores no se encuentra entre los gestos contemplados por los gobernantes para calmar a la ciudadanía en tiempos de crisis, al menos en esta crisis. Más bien todo lo contrario, tal vez como medida contra el desempleo. Para quien esté en el paro, los pasos para lograr un puesto de asesor no son ni cursillos del Inem ni el envío de currículos. Lo primero es afiliarse.

Los trabajadores de Fagor Electrodomésticos decidieron la semana pasada renunciar a la paga extra de Navidad para que la empresa, que es una cooperativa con casi 4.000 empleados en España, pueda afrontar el pago de 128 prejubilaciones que va a realizar. Además, aprobaron una adecuación de las horas de trabajo en 2009 a la caída de los pedidos, con la consiguiente reducción de los sueldos que rondará el 5%. Los trabajadores de otras cooperativas del Grupo Mondragón, como Fagor Electrónica, van a debatir medidas similares con el objetivo de evitar las regulaciones de empleo.

Otro ejemplo: la aerolínea Clickair, participada por Iberia y Air Nostrum, ha suspendido el despido de 200 empleados al haberse acogido los trabajadores a excedencias voluntarias y reducciones de horario y de salario temporales de hasta el 50%, lo que les permite mantener el puesto de trabajo a la espera de que la situación mejore.

El ERE, lo más socorrido

Pero estos ejemplos son la excepción. Casi ninguna empresa y casi ningún grupo de trabajadores se plantea la reducción de salarios de toda la plantilla, empezando por los directivos, como alternativa a los despidos. Tampoco el Gobierno fomenta esta fórmula, que le permitiría reducir las cifras del paro y el coste que supone para la Seguridad Social.

Los sindicatos tampoco son partidarios de esta medida salvo que se trate de situaciones extremas para salvar la empresa. Así lo explicaban en 2004, cuando en varias compañías se planteo y en algunas se aprobó la reducción de salarios para salvar puestos de trabajo.

En estos momentos en España muchas empresas pasan por situaciones extremas y miles de trabajadores están siendo despedidos cada día. Es obvio que si las ventas caen en picado sobran horas de trabajo por todas partes. Ante ello, las empresas se plantean dos opciones: expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales o definitivos.

Sin embargo, frente al despido de una parte de la plantilla, una reducción de horarios acompañada de reducción de sueldo de toda la plantilla, en ambos casos de forma temporal, supondría para la empresa un ahorro en indemnizaciones y para los trabajadores la conservación de sus puestos de trabajo, que no es poco. Es lo que ha hecho Clickair. Ello exigiría que el Gobierno favoreciese estas medidas creando un marco normativo para, por ejemplo, compensar a los trabajadores afectados por reducciones drásticas de salario y jornada, quizás a cargo de la prestación por desempleo de cada trabajador. Eso sí, acompañando las medidas de un sistema antifraude efectivo.

De paso, no tendríamos que escuchar, una vez más, al presidente de la CEOE pidiendo el abaratamiento del despido como panacea para resolver la crisis. No obstante, el mayor problema puede estar en los propios trabajadores. ¿Estarías dispuesto a aceptar una rebaja temporal de tu sueldo si se plantease como alternativa a despidos en tu empresa (obviamente, antes de saber si estás en la lista de posibles despedidos)? Dejo ahí la pregunta.

Algunas organizaciones no gubernamentales han propuesto con motivo de la crisis financiera mundial volver a estudiar la posibilidad de establecer la llamada Tasa Tobin, una propuesta que el economista norteamericano James Tobin (en la foto) lanzó en 1971 y que supondría establecer un impuesto en todo el mundo sobre los flujos de capitales, es decir, que cada cambio de divisas fuera gravado por un pequeño impuesto. La mitad de los ingresos serían para el país que los recaudase y la otra mitad, para los países más pobres. El propio Tobin, premio Nobel de Economía en 1981, reconocía que era sólo una idea y que la propuesta tal cual era muy difícil de llevar a cabo por obstáculos diversos: quién lo recauda, quién lo reparte, posible entorpecimiento del ‘libre’ (las comillas son mías) comercio… Puedes leer más sobre la Tasa Tobin, incluidas las criticas lógicas de los liberales, en la wikipedia.

Una propuesta más factible

Descartada casi por completo la posibilidad de esta tasa, y más ahora que la creación del euro ha reducido las transacciones de divisas en el primer mundo, se podría plantear, sin embargo, otro impuesto que gravase los mercados puramente financieros, es decir, la Bolsa.

En 2007, el volumen contratado sólo en la Bolsa española fue de 1,7 billones de euros y en las bolsas de todo el mundo (hablamos sólo de acciones) fue de 101,19 billones de dólares (billones europeos, es decir, millones de millones), según la World Federation of Exchanges, la asociación de bolsas mundiales.

Con un impuesto de sólo el 0,1%, la recaudación sería de 101.190 millones de dólares (78.400 millones de euros). Existen otros mercados que no son de acciones y que también se podrían gravar, porque esa cantidad es importante pero insuficiente, pero dejémoslo ahí.

Posibles obstáculos

Adelantándome a los posibles peros, empiezo por responder a los liberales que dirán que es un impuesto injusto que frenará la contratación, etcétera, etcétera. Pues como todos. ¿Acaso no es injusto tener que pagar un 7% cuando te compras tu primera vivienda, que además es usada y por la que ya se pagó el IVA correspondiente cuando se vendió por primera vez? ¿Acaso es más justo tener que pagar el IRPF por las rentas del trabajo que un impuesto por mover el dinero en Bolsa, se gane o se pierda? Ah, que ya pagamos un 18% cuando ganamos dinero en Bolsa. Bueno, también pagamos varios impuestos por la gasolina (uno de ellos para contribuir a sostener la Sanidad); y un impuesto por la seguridad (que nos colaron cuando lo del 11-S) al coger un tren o un avión, como si la seguridad no la pagáramos con el IRPF; y pagamos un impuesto sobre la electricidad sobre el que luego se carga el IVA, un impuesto que grava otro impuesto, lo nunca visto. No es broma, mira tu factura de la luz.

Partiendo de que todo impuesto es arbitrario e injusto, al menos éste gravaría a quienes tienen dinero suficiente para especular con él (gran parte de las operaciones bursátiles son especulativas) y beneficiaría a quienes no tienen nada.

Otro posible obstáculo sería el de la recaudación. Obviamente, la tasa debería ser mundial, para que ninguna Bolsa tomara ventaja sobre otra no imponiéndola. De ahí la conveniencia de acordarla en la cumbre de Washington. La recaudación correría a cargo de los propios mercados que ya cobran sus tasas a los operadores por darles servicio y sería enviada a la ONU, que la canalizaría a través de Unicef, la FAO y otros organismos de ayuda y desarrollo.

Dejo ahí mi propuesta, por si el presidente Zapatero asiste finalmente a la cumbre o se la puede trasladar a alguno de los que vayan a estar presentes.

Vengo a contar esto porque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año es ciertamente poco verosímil, como han dicho Rajoy y otros líderes de la oposición, porque la situación es muy diferente a la del año pasado y ni siquiera se ha hecho el esfuerzo de acomodarlo a la crisis económica que vivimos. Pero eso no es tan grave porque seguramente se modificará antes de su aprobación y luego asistiremos a lo largo del año a una serie de cambios y medidas no previstas ahora.

Lo que sí es preocupante, y no causa tanto revuelo, es la alegría con la que los ayuntamientos nos están apretando el cinturón aún más a los ciudadanos en sus presupuestos para 2009, vía tasas, impuestos locales y tarifas varias. Porque ahí no habrá rectificación una vez que empiece el año. Mientras Rajoy le exigía a Solbes que baje los impuestos a los ciudadanos y a las empresas como medida para salir de la crisis, a lo que el ministro se ha negado, muchos alcaldes de todos los colores, también los del PP, están creando nuevas tasas y subiendo las existentes muchas veces por encima de la inflación. Lo más sonado, por estar en Madrid, ha sido la nueva tasa de basuras de Gallardón, pero también se va a crear, por ejemplo, una tasa de basuras en Valencia, donde estaba integrada en el IBI, y en muchos pueblos de su área metropolitana.

Ojo a la subida del billete del autobús

Muchos alcaldes alardean de que “congelan” los impuestos en referencia a que los suben lo mismo que la inflación, que debería ser lo normal. Pero este diciembre la inflación va a bajar y el resultado final será que también en estos municipios se pagará más. Todo indica, pues, que la merma de ingresos en los ayuntamientos por la crisis del ladrillo la van a pagar los ciudadanos.

Otro ejemplo, el año acabará con una inflación inferior al 4% pero el billete del autobús y del metro o las tarifas del taxi subirán un 8, 10 o 15%, como hacen cada año los alcaldes, lo cual aumentará el coste de la vida a quienes no tienen más remedio que utilizar el transpote público a diario. Lo mismo ocurre con la luz y el gas, cuyo precio máximo regulado por el Gobierno se ha cuadruplicado este año. Es cierto que la materia prima ha subido, pero el Gobierno podría aplazar ese aumento tarifario para cuando haya mejores condiciones, como ha hecho en otras ocasiones. Y es que ninguna de estas subidas ayudará a contener la inflación, para la que los políticos sólo parecen tener una solución que es para echarse a temblar: que no se traslade a los salarios el aumento de los precios.

Además, y volviendo al presupuesto de gastos, buena parte de él está comprometido al tratarse de los salarios de los funcionarios y el gasto corriente. Alguna administración podría plantearse reducir estas partidas en el presupuesto, pero serviría de poco porque a final de año siempre acaban disparándose. Podrían empezar, por ejemplo, por reducir la nómina de asesores, una creciente categoría dentro de la administración que nadie controla. Tan enigmática y costosa figura, la del asesor, merece sin duda un capítulo aparte, próximamente, dentro de esta sección.

Esto dijo el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, el pasado mes de febrero, en referencia, sobre todo, al sector de la construcción para el que otra parte del Gobierno había planteado un plan de ayuda con el fin de otorgarles liquidez y evitar las suspensiones de pagos en cadena que se están produciendo, desde la gran promotora hasta el que pone los enchufes. Aquello lo frenó Solbes y eso que sólo se trataba de un aval de 10.000 millones de euros.

Por ello, el plan de ayudas a la banca española (150.000 millones de euros entre avales y compra de títulos) puesto en marcha por el Gobierno y apoyado por prácticamente todos los grupos políticos, no deja de sorprender a cualquier empresario con el que hables estos días. Más aún, cuando el principal banquero del país, Emilio Botín, ha culpado de la crisis financiera a los excesos de los banqueros.

Es decir, que los bancos también, utilizando las palabras de Solbes, son “empresas que han apostado, alguna de una forma más atrevida que otra, por ganar mucho dinero”, pero para ellos la filosofía del ministro es otra aunque el problema sea el mismo, la falta de liquidez.

Se ha dicho que los bancos no prestan dinero, ni se prestan entre ellos, por falta de liquidez y falta de confianza. Exactamente lo mismo que les está ocurriendo a miles de empresas. El banco les deniega no ya un crédito, sino la simple renovación de una póliza alegando falta de liquidez y, en ocasiones, de confianza. Muchas son empresas solventes, con activos suficientes, como los bancos, pero les falta dinero en efectivo con el que hacer frente a sus obligaciones inmediatas.

¿Por qué no venden sus acciones?

Para evitar la suspensión de pagos (concurso de acreedores), cualquier empresa vendería sus activos improductivos, empezando por los más líquidos (los que más rápidamente se pueden convertir en dinero). ¿Y cuáles son los más líquidos? Pues las acciones cotizadas en Bolsa, que se pueden vender con sólo apretar un botón. ¿Y qué empresas son las que tienen más activos improductivos (para su negocio) en Bolsa? Los bancos y cajas. Sorprendentemente, no consta que ninguna entidad haya vendido una sola acción para conseguir esa liquidez que dicen que les falta. Incluso el Santander se ha permitido comprar un banco en Estados Unidos por 1.400 millones de euros, ahora que están baratos. Tampoco consta que Solbes o el Banco de España les haya instado a conseguir liquidez por esa vía, aunque les suponga menos beneficios.

Dado que los banqueros no están dispuestos a arriesgar un euro, ni a pagar por lo que arriesgaron y tampoco a asumir la responsabilidad del papel de pieza fundamental que desempeñan en el buen funcionamiento de la economía, el Gobierno ha tenido que salir a avalarlos y a prestarles dinero, es decir, asumir el riesgo con el dinero de todos.

Esta semana los bancos y cajas van a presentar resultados de los nueve primeros meses del año, con beneficios de escándalo muy alejados de las apreturas de las pymes. Muchos empresarios estarán pensando que su próximo negocio debe ser financiero.

Lo mejor es explicarlo con un ejemplo: el Impuesto sobre la Renta (IRPF) tiene una tarifa o tabla en la que se refleja que cuanto más ingresos tiene uno, más porcentaje de su renta debe pagar a Hacienda. Es lo que se denomina un impuesto progresivo.

Si tu renta el año pasado (lo que ganaste menos las deducciones habituales) fue de 19.000 euros brutos, Hacienda se llevó un 24% de los primeros 17.360 euros (4.166 euros) y un 28% del resto (ver tabla). Es decir, 4.625 euros, aunque luego vienen las desgravaciones y siempre es menos, pero lo dejaremos ahí por simplificar. Como se ve, el porcentaje a pagar crece en función de los ingresos hasta el 43% para los que ganaron más de 53.000 euros.

Generalmente, cada enero nos suben el sueldo el equivalente a la inflación del año anterior, pero es una subida nominal, no real, porque nuestro poder adquisitivo es el mismo. Por ello, los gobiernos deflactan cada año la tarifa del IRPF, es decir, suben los ingresos fijados en la tabla el equivalente a la inflación, porque si no, a todo el mundo le tocaría pagar más. Si al que ganó 19.000 le han subido el sueldo un 4%, ahora tiene una renta de 19.760 euros brutos. Con la misma tarifa sin deflactar, le tocaría pagar a Hacienda 4.838 euros, 213 más que el año anterior, cuando su poder adquisitivo es el mismo.

Aznar ya lo hacía

Como esto es difícil de explicar y de rebatir, el Gobierno de José María Aznar ingenió un truco por el que bajaba el IRPF cada tres o cuatro años a bombo y platillo, pero nunca actualizaba la tarifa, de manera que siempre estaba subiendo el impuesto de forma encubierta. De ahí la paradoja de que a un gobierno que decía bajar impuestos le saliera una presión fiscal creciente.

En aquella época, el PSOE intentaba denunciar el truco de los ministros Rato y Montoro e incluso Rodríguez Zapatero prometió en su campaña de 2004 que si ganaba las elecciones volvería a deflactar la tarifa. Una promesa incomprensible por la que probablemente no obtuvo ni un solo voto, pero que cumplió, aunque a medias, ya que la actualización se limitaba al 2% de inflación prevista, cuando el alza de los precios era siempre mayor. Ahora anuncia Solbes que no actualizará la tarifa, incumpliendo así la promesa electoral de Zapatero y, lo que es peor, vaciando un poco más nuestros bolsillos.

Y esta amiga tiene una teoría muy razonable sobre el motivo de este fenómeno: los ancianos, especialmente los de pensiones más bajas, evitan salir de casa la segunda quincena del mes para no gastar. Ni al médico van, aunque la consulta y las medicinas sean gratis. Si no sales de casa, no gastas dinero, y a base de lentejas y arroz (las patatas empiezan a estar caras), huevos (por las proteinas) y pan congelado se puede sobrevivir con menos de 50 euros toda una quincena.

Viene esto a cuenta porque la mayoría de los que leen esto, con ordenador y acceso a internet, no son conscientes de que mucha gente que lo pasaba mal lo está pasando muy mal. La subida del precio de los alimentos, su única preocupación, ha convertido a los pobres en paupérrimos. El diario Levante publicó hace una semana un excelente reportaje al respecto titulado: “Los nuevos rostros de la pobreza en Valencia“.

La prensa no habla de ello

Lo del Levante es una excepción en el panorama periodístico español, donde los titulares de portada se los llevan la crisis de las hipotecas subprime en EE UU, la quiebra de bancos, las miles de personas que van al paro cada mes y, por supuesto, las declaraciones de los políticos al respecto. Por no hablar de los planes de rescate de los grandes bancos norteamericanos.

En España, y no digamos en el resto del mundo, hay miles de personas ajenas a las inyecciones monetarias de los bancos centrales y a los planes de Bush para salvar el sistema financiero. A algunas las vemos por la calles pidiendo. Otras sobreviven en casa. Una mujer contaba por la radio el pasado invierno que había tenido que pedir un préstamo para comprar los juguetes de Reyes. Todo un lujo, aunque estas Navidades probablemente ni le den el préstamo.

Se dice ahora que hay parejas que querían romper pero siguen juntas, que no unidas, porque les iba a salir muy cara la separación, pero el drama real está en las viudas que en invierno se meten en la cama bajo las mantas a las 5 de la tarde y no salen hasta el día siguiente porque no podrían pagar la luz y la calefacción que gastarían si hiciese una vida normal. Con 350 euros al mes, a ellas les da igual si nos recuperemos o no de la crisis, les basta con que no suban los precios.

Malas noticias disfrazadas
Desde hace tiempo, y no sólo con ocasión de esta crisis, los políticos, bastantes economistas y analistas y muchos periodistas han llenado el lenguaje de eufemismos que disfrazan la cruda realidad en tiempos de turbulencias.

Por ejemplo, ha tenido que quebrar Lehman Brothers para que el batacazo de la Bolsa se cuente sin paños calientes y dejen de calificarse las caídas como recogidas de beneficios de los inversores, y las subidas como ganancias (esto sí es correcto). Con ese lenguaje, cualquiera diría que los jugadores de Bolsa llevan 12 meses forrándose mientras el Ibex 35 ha bajado más de un 20%, y algunas inmobiliarias han perdido casi todo su valor. Aún así, todavía los hay que estos días creen que los inversores están recogiendo beneficios.

Y qué decir de los ajustes de plantilla (despidos) que incremetan las listas del Inem o el número de desempleados (parados); de las actualizaciones (subidas) de tarifas, impuestos, precios o sueldos de los políticos, o de la volatilidad (inestabilidad) y la incertidumbre (negro panorama) en los mercados financieros.

Parece lógico que el Gobierno, para que nadie piense que su política económica es una deposición o simplemente por animar a los desanimados empresarios y consumidores, se valgan de contracciones, desaceleraciones, ajustes, turbulencias, desequilibrios y nuevos escenarios. Lo ilógico es que contagien a los periodistas, a los vagos, a esos que jamás consultan el diccionario para encontrar la palabra exacta.

Sin entrar en la efectividad de combatir el paro con empleo y sueldos públicos, el ‘problema’ que se va a encontrar el Gobierno es que hasta para recuperar espacios quemados va a faltar faena, ya que la piromanía también está en crisis, según datos oficiales recién publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (PDF).

Por resumir y no aburrir, entre enero y agosto de este año ha habido en España 9.526 incendios, cuando la media de los últimos diez años (en esos mismos ocho meses) era de 15.239. La superficie forestal quemada fue de 34.000 hectáreas, frente a las 109.000 de media anual del último decenio, y sólo tuvimos cuatro grandes incendios (de más de 500 hectáreas), frente a los 26 de media entre 1998 y 2007. Ninguno de esos 10 años fue, individualmente, tan bueno como éste. Esos son los datos y ahora vendrán los políticos con sus interpretaciones.

A la espera de que la ministra del ramo se ponga la medalla y los consejeros ecologistas hagan lo propio en sus respectivos territorios, si no lo han hecho ya, procede aportar más datos objetivos que ayuden a buscar una explicación.

Por ejemplo, que julio fue un mes seco aunque no hizo excesivo calor, según la Agencia Estatal de Meteorología, y agosto fue seco y muy cálido, excepto en el noroeste. O que las lluvias en el año hidrológico que acaba el 30 de septiembre, a falta de los datos de este mes, sitúan a 2007-08 entre los períodos con menos precipitaciones desde 1997-98. Es decir, que no ha habido condiciones muy diferentes a las de los otros años.

Busquemos otro dato, aparentemente ajeno a los incendios, como es el de la crisis inmobiliaria. La construcción de viviendas cayó un 36,1% en el primer trimestre de 2008, según el Ministerio de Vivienda (el desplome del segundo trimestre, que se espera aún mayor, se conocerá a finales de septiembre).

¿Es una feliz coincidencia? Los bienpensados, esos que nunca aciertan, dirán que sí, que nada tiene que ver la crisis de la construcción con el descenso de los incendios, puesto que la ley impide urbanizar y edificar durante 30 años en terrenos forestales quemados. Luego, y no es por dar ideas, quemar un terreno forestal supone ‘condenarlo’ a no ser recalificado en tres décadas. Aunque no siempre. En la Comunidad Valenciana son 50 años, lo que no impidió que el paraje de Sierra Cortina, pulmón verde de Benidorm, fuera sustituido por Terra Mítica y otras urbanizaciones sólo tres años después de ser arrasado por un fuego provocado. Bastó una ley que, por interés general, hizo una excepción en la otra ley.

Alguien debería preguntar a la ministra y a los consejeros, cuando se pongan la medalla, por la importancia de la crisis del “ladrillo” en el éxito de su gestión. Para bajarles los humos.