El Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) es elegido por el Parlamento regional entre, según se lee en su página web, “personas de acreditado prestigio profesional”. De hecho, eso es lo que se dice en prácticamente todas las leyes redactadas con el fin de designar a los miembros de estos organismos de gobierno. Sin embargo, ¿ocurre siempre así?

En España, todas las televisiones autonómicas cuentan con un Consejo de Administración que gira y orienta algunas de las vicisitudes de la cadena. Sus miembros son designados por los partidos políticos con representación en los parlamentos regionales en proporción a su número de escaños. Pero, ¿están bien elegidos estos representantes?

Políticos sin experiencia

En muchas ocasiones, los miembros de estos Consejos de Administración no guardan ninguna relación con el sector. No han trabajado en medios de comunicación o ni siquiera han pisado las facultades de Ciencias de la Información. Son personas de confianza de los partidos que no tienen a priori los conocimientos necesarios para hacerse carga del futuro de una cadena.

Hay todo tipo de ejemplos. El más sorprendente es el del presidente del PSOE-A y ex alcalde de Granada, José Moratalla -en la foto grande-, que tras las elecciones autonómicas de 2008 fue elegido nuevo responsable del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), mediante un pacto con el PP en el que el principal partido de la oposición salía beneficiado con una vicepresidencia y una secretaría.

El Consejo de Administración de la RTVA es un organismo cuyos miembros han de tener una “reconocida cualificación y experiencia profesional”, según la ley autonómica. El cargo fue ratificado por el Parlamento andaluz. Mientras tanto, Moratalla sigue ocupando su puesto al frente del partido. Incluso, el actual dirigente del Partido Comunista de España (PCE), el cordobés José Luis Centella, seguirá siendo miembro del Consejo de Administración por Izquierda Unida.

A la presencia de políticos hemos de sumar la de consejeros tan extraños como un ama de casa en el de la balear IB3 o la de un médico en la de la Televisión Pública de Asturias (TPA), ambos por el Partido Popular (PP). Sólo en el caso de Telemadrid vemos numerosos representantes del mundo de la comunicación, pero también a la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, del PP.

Altos sueldos por poco trabajo

Lo peor es, como publicaba el diario El País en un reportaje el pasado mes de agosto, que en las reuniones de los consejos de administración se trasladan “los debates de la comisión parlamentaria” cuando en realidad se debería discutir acerca del funcionamiento de la cadena en cuestión. Este mismo artículo critica que los miembros designados por los partidos cobran altos sueldos por, recordemos, dirigir una empresa pública de cuyo funcionamiento (casi) todo desconocen.

Varios ejemplos: los 17 miembros del Consejo de Administración del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears se embolsan 900 euros por reunión mensual (cifra que bajará el próximo año), tan sólo 25 menos que los de Castilla-La Mancha; en Radio Televisión de Madrid, 20 consejeros se llevan 890 euros cada uno por lo mismo. Y para rizar el rizo: 115.000 euros brutos reciben cada año los ocho consejeros de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la misma cantidad que está destinada para los miembros del CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya).

¿Qué dice el Código Conthe?

A pesar de todas estas injusticias que repercuten al buen funcionamiento del sector audiovisual, el Código Conthe, creado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para controlar a las empresas públicas y privadas, no se preocupa por la formación de los consejeros independientes, por lo que da igual, de cara a la Comisión, quién ocupe estas posiciones. Lo que hace el Código, en definitiva, es controlar la actuación de estas personas.

Ahora bien, si como decía el consejero consultado por El País las reuniones de los consejos sólo sirven para trasladar los debates parlamentarios, ¿están bien gobernadas nuestras televisiones públicas? ¿No habría que obligar de otra manera a estos Consejos para que sus miembros, tan bien remunerados, tuvieran al menos un currículum audiovisual competente?