La nueva Constitución de Bolivia “derrota al imperialismo estadounidense y a las políticas neoliberales que dominaron este país por décadas”, aseguró el pasado sábado el presidente Evo Morales en el acto de promulgación del texto aprobado el 25 de Enero con un respaldo del 61,5 % de los bolivianos.

En el discurso de promulgación en la ciudad El Alto Morales destacó que con la nueva Carta Magna se inicia la segunda y verdadera independencia de Bolivia.

Una mirada al pasado reciente de Bolivia

Bolivia, a pesar de la Revolución de 1952, de la Reforma Agraria del año 1953 y de las conquistas sobre el papel que lograron las comunidades campesino-indígenas, ha continuado bajo el poder de la oligarquía procedente del colonialismo y ampliada por la llegada de nuevas élites sociales, como son los influyentes defensores de las petroleras y mineras transnacionales junto a los latifundistas que se enriquecen con los cultivos industriales, generalmente de soja.

La reforma agraria no se desarrolló en la práctica por la falta de apoyo y acompañamiento de políticas gubernamentales que impulsaran el proceso. Todo lo contrario. Esta falta de compromiso de los sucesivos gobiernos para promover la reforma dio lugar al nacimiento de minifundios de subsistencia para los campesinos indígenas, convirtiendo el adjetivo pobre en sinónimo de campesino.

Durante este periodo de 1964 hasta 1982, los gobiernos de Bolivia fueron dictaduras con corte fascista provenientes de grupos vinculados al narcotráfico. En 1985 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial intentan impulsar algunas reformas, pero a esa fecha el poder obtenido por los terratenientes de los departamentos de Santa Cruz y Tarija ha crecido de manera sustancial amparado por las dictaduras antes mencionadas, sin olvidar el gobierno dictatorial de Banzer, haciendo imposible la utopía neoliberal que intentaba imponer el FMI.

El poder de estas regiones había crecido y crecía producto de un pésimo reparto de los recursos naturales que amparaban los intereses económicos de las élites postcoloniales. Los yacimientos petrolíferos de Tarija y Santa cruz son entregados, entre otras, a las Petrobras, Repsol-YPF, British Petroleun y PanAmerican.

Hablar de concentración de tierra en pocas manos no es una metáfora en Bolivia, ya que el 91 % de las tierras cultivables del país son propiedad de latifundistas vinculados a los partidos políticos de la derecha y algunos medios de comunicación. En 2006, la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios señaló en un informe que los grandes propietarios de tierras que el 5% de la población controla el 89 % de los campos. Los medianos, que representan el 15 % de los habitantes, son dueños del 8 %, en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 % de la población, poseen tan sólo el 3 % de las tierras.

De esta manera se gestó una continua desigualdad social, afectando de manera especial a la población indígena, con gran mayoría de campesinos, cada día más desesperados por la injusticia social cometida en su contra.

El peligroso Evo Morales ¿para quién?

La llegada al poder de Evo Morales no puede ser una sorpresa para nadie ya que encarna a esa inmensa masa de bolivianos que en el reparto de los beneficios que producen los recursos naturales reciben escasas migajas, observando desde la miseria las millonarias ganancias de algunos pocos.

Con él llegan reformas que remueven los privilegios sempiternos de los terratenientes de la zona oriente de Bolivia. Privilegios ostentados por la derecha oligárquica y amparada por los organismos internacionales y Estados Unidos, defensor de la división departamental del país.

Entre las medidas adoptadas por Morales a su llegada a la presidencia destaca la estatización del 51% de las ganancias de las petroleras y la declaración de propiedad del pueblo boliviano de todas las reservas de hidrocarburos.

Es evidente que Evo Morales es un peligro para el poder económico de la oligarquía establecida a través de años de gobiernos afines y dictaduras impuestas por ellos mismos a través del poder que otorgan los hidrocarburos y riquezas mineras de sus departamentos. Y por otra parte, por lo menos durante el gobierno de Bush, un mal ejemplo para los países latinoamericanos, especialmente los de población indígena, que pueden ser un referente para promover la restitución de sus derechos.

La nueva Carta Magna, la Media Luna y la ONU

La restitución de los derechos indígenas y todas las reformas aprobadas impulsan una menor desigualdad entre los bolivianos, reformas que deberán implementarse sin restricción alguna, a pesar de la oposición que sigue manteniendo el poder económico de los departamentos orientales, denominados de la Media Luna.

La Carta Magna aprobada el domingo 25 de enero deja de manifiesto el apoyo de la mayoría de los bolivianos a las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Morales. Su aprobación obliga a las minorías oligárquicas de la Media Luna boliviana a acatar la decisión popular a pesar de sus reclamos autonómicos para mantener la desigualdad en el reparto de la riqueza.

Aunque presentes en el proceso constituyente, y aceptadas varias de sus correcciones al texto, no se debe olvidar que en los departamentos de Beni, Pando y Tarija son gobernados de manera cuasi colonial, o feudal a modo moderno, con súbditos que no pueden oponerse abiertamente a los Prefectos, ya que como ellos mismos expresan, si el gobierno de La Paz trata de imponer su Carta en esas comarcas, ricas en hidrocarburos, maderas preciosas y soja, los voluntarios de los grupos paramilitares apuntarán al cuerpo de los “invasores”.

Los avances sociales que promulga la reforma constitucional no son de fácil aplicación, sólo podrán ponerse en práctica con la voluntad de la oligarquía, y sin ella, con la presión de la Organización de Naciones Unidas que debe velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, derechos que en Bolivia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, no son respetados, especialmente cuando de población indígena se trata.