Tres fechas marcan el camino de la monarquía española en la actualidad: julio de 1969, cuando un joven Juan Carlos prestó juramento ante las Cortes franquistas como futuro sucesor del dictador Francisco Franco en calidad de Rey; en 1975, a la muerte de éste, cuando asumió la condición de Jefe de Estado y en 1978 cuando se validó la Constitución Española que le reconocía como máxima autoridad estatal y ceñía sus derechos y deberes.

Los hechos descritos en la tercera fecha contradicen a los de la primera: Juan Carlos, ya coronado, rompió el juramento de “guardar y hacer guardar” los principios del denominado “movimiento nacional”, es decir, continuar con la dictadura franquista. Su decisión fue impulsar la redacción de un texto constitucional que sentara las bases de nuestra democracia.

Tras esa decisión, una nueva legislación comenzó a regir al Estado… empezando por la Casa Real, que protegió su imagen tanto en la propia Constitución como en el Código Penal:

• “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, según el Artículo 56.3 de la Constitución Española.
• Calumniar a un miembro de la Casa Real en activo “será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son” (Artículo 490.3 del Código Penal)
• Se reduce a “pena de multa de cuatro a veinte meses” para el mismo tipo de acto contra miembros de la Casa Real que no estén en activo (Artículo 490.1).
• Del mismo modo, usar la imagen de algún miembro de la Casa Real de forma “dañina” supondrá “pena de multa de seis a veinticuatro meses”, según el Artículo 490.2 del mismo código.

De la protección a la pérdida de neutralidad

En virtud de esta protección, en los últimos tiempos se han producido varios casos de intervención de la Justicia para proteger la imagen de la familia real, al tiempo que el montante económico que los Presupuestos Generales del Estado ha ido destinando a la Casa Real ha ido aumentando (un 3% más que en 2006 para 2007, un 4,5% más para 2008 y un 2,7% para 2009) hasta los 8,9 millones de euros:

• La quema de banderas de España y retratos del Rey ha tenido desigual persecución judicial: aunque se ha reconocido como delito, en algunos casos se ha penado con una multa económica y, en otros, se ha absuelto a los acusados.
• El 20 de julio de 2007, el juez Del Olmo secuestró un número del semanario satírico El Jueves por una caricatura de los Príncipes de Asturias en la que mantenían relaciones sexuales. El 13 de noviembre del mismo año los dibujantes fueron condenados a pagar 3.000 euros por un delito de injurias al príncipe heredero.
• Durante el mes de junio de este año, la Audiencia Nacional se querelló contra los diarios Gara y Deia por una viñeta alusiva a la presunta muerte del oso Mitrofán, supuestamente inofensivo, borracho y atado, a manos del Rey durante un viaje a Rusia. Sin embargo, un rap humorístico emitido por la Cadena COPE sobre este mismo asunto no fue perseguido por la justicia.
• José Antonio Barroso, alcalde de la localidad gaditana de Puerto Real, fue por decir que el Rey “es un corrupto y un hijo de la crápula”, palabras por las que fue expedientado primero e imputado después. Sin embargo, el senador Iñaki Anasagasti no ha recibido condena alguna por decir que el Rey “es un malhablado y debería trabajar más”.

A cambio de esta protección, inimaginable para cualquier representante u otro político, el papel de la Casa Real también quedó ceñido por la Constitución: cualquier acto o palabra de un miembro de la Casa Real debe estar refrendado por el Gobierno, según el artículo 56.3 del texto, lo que según Roberto Blanco, profesor de derecho constitucional,  significa que aunque no haya “una norma expresa que prohíba a los reyes opinar, sí se exige por ley una imparcialidad que es incompatible con la expresión de sus opiniones”.

Sin embargo, frente a la aplicación de esa protección legal sobre la imagen de la familia real, no se ha dado una respuesta silenciosa y neutra por parte de la familia real que, muy al contrario, ha empezado a opinar en diversos aspectos de la vida pública, aunque sin sanción conocida:

• El pasado mes de abril, instantes antes de la celebración de la final de la Copa del Rey, los periodistas preguntaron a Juan Carlos I quién era su favorito antes del partido. Éste respondió “que gane el que perdió”, en referencia al Getafe, uno de los equipos que la disputaban, que días antes había caído eliminado en otra competición. Las palabras del monarca no sentaron bien en el equipo rival, el Valencia, que finalmente se llevó el trofeo.
• Mayor malestar causaron las palabras del Rey respecto a Zapatero, sobre el que dijo que era “un ser humano íntegro”, “muy honesto” y “que no divaga”, alguien que sabe “muy bien hacia qué dirección va y por qué hace las cosas”.
• Probablemente el caso más polémico se corresponde al libro que se publicó recientemente sobre la Reina, en el que se recogen sus opiniones contrarias a determinados temas, como el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia o la eliminación de la educación religiosa en las aulas.
• El último caso es la supuesta intervención de la Casa Real en la posible entrada de la empresa rusa Lukoil en el capital de la hispanoargentina Repsol-YPF: según un diario nacional, el Rey llamó hasta seis veces al presidente del Gobierno para manifestarle su apoyo a la operación, que había sido criticada de forma sutil por el Ejecutivo y abiertamente rechazada por la oposición.

Con todo, treinta años después de la firma de la Constitución, ha empezado a debatirse la necesidad de despenalizar las injurias a la Corona (PDF). En virtud a esta ley, junto a la presión del terrorismo etarra, España ha salido peor parada de lo habitual en el informe acerca de la libertad de prensa (PDF) que elabora anualmente la organización Reporteros Sin Fronteras, que considera que la libertad de prensa “se vio ligeramente mermada por la legislación que protege la imagen de la Corona (…), que tuvo graves consecuencias para algunos periodistas”.

Otras monarquías en el mundo

Contando la monarquía española, en el resto del mundo quedan 29, de las que sólo 16 son constitucionales (9 en Europa, 1 en África, 5 en Asia y 1 en Oceanía):

• S.M. Carlos XVI Gustavo (Suecia), primer monarca sueco no llamado por la Gracia de Dios y que, además, tiene sus funciones delimitadas por ley y publica sus cuentas económicas.
• S.M. Harald V (Noruega), que también tiene delimitadas sus funciones y publica sus gastos económicos.
• S.M. Alberto II (Bélgica), que publica sus cuentas.
• S.M. Beatriz I (Holanda), que también tiene delimitadas sus funciones y publica sus cuentas.
• S.M. Siaosi Tupou V (Tonga), que tres días después de su coronación declaró que sus decisiones serían las dispuestas por el Primer Ministro, haciendo del país una monarquía moderna con los poderes del monarca limitados.
• S.M. Bhumibol Adulyadej, Rama IX (Tailandia), el jefe de Estado que más tiempo lleva en el cargo en todo el mundo, desde 1946.
• S.M. Jigme Khesar Namgyal Wangchuck (Bután), el rey más joven del mundo, con 28 años.
• S.M. Letsie III (Leshoto), cuyas funciones son meramente ceremoniales.
• S.M. Margarita II (Dinamarca y Groenlandia).
• S.M. Alberto II (Mónaco).
• S.M. Isabel II (Reino Unido)
• S.M. Gran Duque Enrique I (Luxemburgo).
• Emperador Akihito (Japón)
• Sultán Mizan Zainal Abidin (Malasia).
• S.M. Norodom Sihamoní (Camboya).