Con motivo de la crisis y como gesto hacia la ciudadanía, algunos alcaldes y presidentes autonómicos han aceptado congelarse el sueldo para 2009 (ése que muchos se habían subido hasta un 40% tras las elecciones de 2007). Un gesto que apenas aliviará las arcas públicas. Sin embargo, ninguno ha dicho nada de reducir el gasto en asesores, donde el gasto de las administraciones parece no tener control.

Leído en la prensa:

• El PP gallego denuncia que el presidente y el vicepresidente de la Xunta tienen 93 asesores, además de los de las consejerías (PDF, página 16).
• El PSOE denuncia que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tiene 35 asesores (Cadena SER).
• El PSOE denuncia que en el Ayuntamiento de Málaga hay más de 90 cargos de confianza; en el de Marbella, 27; en Velez-Málaga son 35, y en Torremolinos, una veintena. Solo estos últimos cuestan a los contribuyentes unos 900.000 euros (El País).

Si en sólo seis administraciones ya suman 300, ¿cuántos asesores hay en España? ¿A cuántos miles de cargos de confianza pagamos el sueldo los españoles siendo su único mérito el de ser amigo de? Porque no sólo están los asesores de quienes mandan, ya que a los partidos de la oposición se les tapa la boca con su cupo proporcional de cargos de confianza, con lo que un ayuntamiento mediano como el de Jerez de la Frontera tiene 27 asesores. Otros datos recogidos de los periódicos: Gobierno de Murcia, 114 asesores (La Verdad de Murcia); Diputación de Almería, 70; Ayuntamiento de Chiclana, 29…

Zapatero, acusado por el PP de tener él solito 664 asesores (en realidad sumaron todo el personal a su cargo, incluidos los funcionarios) tiene 192 eventuales, según se desprende de la respuesta que dio el Gobierno a esa acusación.

Lo cierto es que con 8.000 municipios, medio centenar de diputaciones y cabildos insulares, 17 comunidades autónomas con sus correspondientes parlamentos, el Congreso, el Senado y el Gobierno central, el número de cargos de confianza en España es difícil de calcular, aunque no imposible, puesto que en la mayoría de los casos el puesto eventual figura con su sueldo correspondiente en los presupuestos de cada administración. Así, se puede calcular que en las 17 comunidades autónomas superarán los 5.000 asesores (a una prudente media de 300, entre gobiernos y parlamentos), y en las diputaciones, otros tantos. Lo de los ayuntamientos es más complicado de calcular porque no todos serán como el de Chiclana, pero seguro que de 10.000 no bajan. Por tanto, se puede decir tirando por lo bajo que más de 20.000 personas en España han sido colocadas legalmente a dedo como asesores y cobran un sueldo público de entre 35.000 y 60.000 euros anuales.

¿Qué hace un asesor?

Pese a la cantidad de cargos de confianza y lo repartidos que están, se trata de una figura poco conocida en España. El asesor o asesora es un señor o señora contratado por un cargo público sin que medie concurso de méritos, para desempeñar un trabajo temporal que consiste en ayudar a ese alcalde, diputado, consejero o un simple director general a desarrollar su labor. Puede ser (en algunos sitios suele ser) un hermano o primo de un político o un sobrino del amigo o el hijo del constructor que financia al partido de turno. No hay límites ni incompatibilidades establecidas en ese sentido, puesto que se trata de un cargo de confianza y quién hay más de confianza que un hermano (recuérdese el caso de Juan Guerra, hermano de que fue vicepresidente).

Tampoco parece haber límites en el número de asesores, por lo que si un presidente de diputación considera que necesita 35, pues como si llama a 90 familiares y amigos. Es legal y puede hacerlo mientras se lo permitan el presupuesto y sus votantes. Ni en su duración. La concejal tránsfuga que dio el Ayuntamiento de Benidorm a Eduardo Zaplana, que había perdido las elecciones en 1991, lleva de asesora municipal desde que dejó de ser concejal en 1995. Y afirma, claro, que no se arrepiente de lo que hizo.

Respecto a la jornada y tareas de los asesores, las establece y controla quien los nombra, por lo que muchas veces tienen una flexibilidad horaria que les permite pasarse por el bar con más frecuencia que cualquier trabajador. Lo cual no quiere decir que todos ni siquiera la mayoría sean unos paniaguados, gandules y vividores a costa del erario. La mayoría trabajan mucho, sobre todo cuando el gandul es su jefe. Muchos diputados, por ejemplo, tienen asesores que atienden a los ciudadanos y les redactan preguntas parlamentarias mientras ellos están en otras ocupaciones de interés nacional, como participar en tertulias de radio y televisión y cobrar un sobresueldo por ello.

Pese a todo, la reducción del número de asesores no se encuentra entre los gestos contemplados por los gobernantes para calmar a la ciudadanía en tiempos de crisis, al menos en esta crisis. Más bien todo lo contrario, tal vez como medida contra el desempleo. Para quien esté en el paro, los pasos para lograr un puesto de asesor no son ni cursillos del Inem ni el envío de currículos. Lo primero es afiliarse.