Suele ocurrir que períodos de tensión máxima preceden a otros de cierta calma en los que los ánimos se aplacan. Quizá por eso este fin de semana no ha habido incidentes de consideración en los estadios del fútbol español. Con los disturbios del pasado sábado en Montjuic todavía muy presentes, los ultras del planeta fútbol han preferido escurrir el bulto en sus asientos y esperar a que arrecie el chaparrón que cae sobre ellos.

Sólo es una cuestión de tiempo, pero si repasamos los antecedentes podemos estar seguros de que los violentos volveran a actuar una vez se aleje la presión de los focos que ahora quema sobre sus espaldas. La próxima vez quizá sea de nuevo en forma de lanzamiento de bengalas al campo, de cánticos racistas o de batalla campal contra los ultras rivales. Volverá a ocurrir mientras no se cumpla el espíritu de la Ley 19/2007 contra la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte.

La norma, que moderniza la vieja Ley del deporte de 1990, marca en su artículo 1 el objetivo de “mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos”. Significa esto que los clubes comienzan a incumplirla por el principio. A excepción de FC Barcelona, donde lo tienen prohibido tras la llegada de Joan Laporta a la presidencia, los ultras continúan accediendo a todos los estadios españoles. Lo hacen con el beneplácito de los clubes, que en la mayoría de ocasiones prefieren mirar hacia otro lado.

El último caso lo hemos visto en el estadio Sánchez Pizjuán este fin de semana. El domingo pasado la Policía detuvo a 18 ultras sevillistas por los desórdenes provocados en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. Llevaban 42 bates de béisbol, armas blancas y bengalas. Siete días después los mismos radicales han campado a sus anchas por las gradas del Pizjuán. Desde el club tan sólo ha salido una tibia advertencia del presidente José María del Nido, pero nadie ha hablado de aplicar sanciones.

Mala memoria de Del Nido

El Sevilla es reincidente en este tipo de actitudes. En noviembre de 2002 un grupo de ultras sevillistas de la peña Biris apaleó a un vigilante de seguridad antes del derbi sevillano. La reacción del club fue descafeinada hasta tal punto que, 4 años después, en septiembre de 2006, el presidente Del Nido concedió una entrevista para la página web de los Biris y se fotografió con su bufanda al cuello.

Desde los clubes se vende el mensaje que los grupos ultras están debilitados y totalmente controlados en los estadios, pero los hechos indican lo contrario. En mayo de 2005 un docena de miembros del Frente Atlético irrumpieron en un entrenamiento tras romper una de las puertas de servicio. Insultaron a los jugadores y amenazaron de muerte a uno de los técnicos. Las cámaras de televisión lo registraron todo. El club cubrió el expediente con una simple denuncia en la que ni siquiera figuraba el nombre de los ultras a pesar de estar identificados. Nadie del club, tampoco los jugadores, lo condenó públicamente.

Incidentes como los del sábado pasado en Montjuic, o los del miércoles en el Calderón con los radicales del Olympique, sólo tienen un culpable: los ultras y su paranoica fidelidad. Sin embargo, hay muchos responsables. Los clubes no pueden seguir haciendo la vista gorda ante esas actitudes. Igual que se puso fin a la época de los privilegios y de las entradas bajo mano, es hora de comenzar a plantearse la expulsión de los violentos de los estadios de fútbol. Los mecanismos existen.