Día sí y día también, España desayuna con la tragedia de la inmigración clandestina y descontrolada. La pasada semana, Canarias recibió dos inhumanas pateras con más de 300 desesperadas almas a bordo con la esperanza de encontrar una vida mejor. Llegan deshidratados, desfallecidos y desplumados por quienes les venden un billete, en muchas ocasiones, hacia una muerte segura en alta mar.

Esta llegada masiva, que no la única, a nuestro país en los últimos días, hacía presagiar una semana movidita en materia de inmigración y la cosa no ha defraudado. Declaraciones de ministros españoles e italianos, planes de reagrupación y reacción de los afectados han levantado una dolorosa ampolla entre este populoso colectivo.

Polémica internacional
Actualmente, en España viven más de cuatro millones de inmigrantes, un 9,3% de la población total. En opinión del ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, y quien sabe si de ellos mismos, por la política “permisiva” del gobierno español. Maroni realizó estas poco políticamente correctas revelaciones tras la marcha de gitanos rumanos de su país hacia España. El rifirrafe internacional ya está subsanado.

Sin embargo, los inmigrantes residentes en nuestro país no respiran tranquilos y lo que menos les importa son las palabras del responsable de Interior italiano y si ya ha hecho las paces con España.

Cinco años solo y sin familia
El último anuncio se refiere al derecho de reagrupación familiar del inmigrante. Hasta el momento la legislación permitía la llegada de los padres del extranjero al año y medio de su llegada. La posible nueva ley retrasaría la reunión familiar a los 5 años porque es entonces cuando empieza a “formar parte de la realidad española”.

No menos polémicas fueron las declaraciones del titular de Inmigración y Trabajo, Celestino Corbacho, hace un mes sobre la contratación en origen y su previsión de reducirla hasta niveles nulos. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acudió al rescate y a desdecir a su ministro.

Los inmigrantes afincados en España no consideran justa estas medidas adoptadas por el Gobierno y así lo han hecho saber. Aún más: anuncian que no van a callar y saldrán a la calle para expresas su descontento con movilizaciones y manifestaciones.

Malos tiempos para todos. La crisis internacional pasa factura sin límite de nacionalidades, pero las medidas deben ser adoptadas de forma meditada y no de urgencia por gobiernos responsables.