La lucha por la tierra que mantienen los pueblos originarios de Latinoamérica aparece cada cierto tiempo en los medios de comunicación, pero no para quedarse con un debate serio y continuo. Se utiliza solo para estar unos instantes, retratada por un conflicto puntual, y en ocasiones sangriento.

La lucha por la tierra, las continuas reivindicaciones, han estado presentes en internet durante la última semana. La nación indígena Yupka de Venezuela ha ocupado páginas y blogs de la Red para ser noticia por la reivindicación de sus territorios. La Constitución Bolivariana los ampara en su artículo 119 pero, como siempre, los actuales ocupantes de sus ancestrales tierras, terrófagos, petroleras transnacionales y gobiernos que desplazaron de sus territorios al Pueblo Yupka, se oponen a la vuelta de esta etnia a sus territorios por considerarlos de su propiedad.

Los orígenes del conflicto

La situación antes detallada es más compleja y difícil para los demás pueblos originarios de Latinoamérica que no cuentan con un verdadero apoyo gubernamental. Recordemos que desde tiempos de la colonia española en Latinoamérica, los Pueblos Originarios fueron masacrados o desplazados de sus territorios, destruyendo así uno de sus pilares culturales. Más recientemente, a partir de los años cincuenta, en la Amazonía se ha producido un desplazamiento al interior de la selva de diferentes etnias, acosadas por la sobreexplotación de los recursos naturales de la selva.

¿Las soluciones?

En Argentina, en la Patagonia, el pueblo Mapuche comienza a recuperar sus tierras ancestrales y lo tienen que hacer a través del conflicto. En Chile, más de lo mismo. En Bolivia, en otro contexto, con la reforma constitucional y el conflicto socio-económico de fondo, la tensión es máxima. Pero la pregunta clave es ¿Quién ha generado y genera esta situación que en algún momento va a generar nuevos brotes de violencia?

Las respuestas gubernamentales a las reivindicaciones territoriales planteadas por los pueblos indígenas siempre hacen referencia a la legalidad vigente, legalidad que ha sido constituida por los gobiernos coloniales y posteriormente republicanos que, evidentemente, amparan los privilegios criollo-mestizos de la época y que en las ocasiones que otorgaban privilegios a las comunidades originarias, como es el caso del pueblo Williche en Chiloé, donde sus derechos quedaron establecidos en el Tratado de Tantauco, posteriormente le son usurpados por tecnicismos legales.

Las voces indígenas en los gobiernos

Todos los gobiernos de Latinoamérica, dentro de su organización, implementan oficinas o secretarías para los asuntos indígenas, pero estos mecanismos solo sirven para que los afectados realicen un continuo caminar por oficinas repletas de burócratas que impiden los avances que en algunas ocasiones otorgan las leyes estatales.

Las verdaderas soluciones solo puede llegar a través de la incorporación de las voces indígenas en los gobiernos de la repúblicas. Estas cuestiones son continuamente tratadas y ratificadas en acuerdos internacionales, pero nunca reflejadas en las políticas públicas de los Estados. La autogestión conseguida por los indígenas Kunas en Panamá quizás puedan servir de referente para otros pueblos de Latinoamérica, pero siempre sin olvidar el entorno cultural característico de cada etnia ancestral.

No debemos olvidar que el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que estuvo en negociación por más de veinte años y que reconoce que los “pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que han sido suyos tradicionalmente” y también a recursos y tierras que hayan comprado, usado o adquirido.

Ojalá que estos acuerdos internacionales sean aprobados y respetados por los gobiernos respectivos y así hacer justicia con aquellos pueblos y culturas que, casi de continuo, solo vemos como referente televisivo, y no como lo que son: pueblos oprimidos.